Ratings televisivos y rankings académicos

Mi primera carrera fue periodismo y uno de los lugares donde la ejercí fue la televisión. Durante poco más de dos años tuve la suerte de trabajar en un programa gracias al cual recorrí lugares insólitos a los que nunca habría podido llegar sin cámara, y armé reportajes sobre temas variados: el mundo de la moda en Chile, los artistas callejeros, los ingleses y la monarquía. Con la ayuda de las curvas de las entrevistadas, la música pegajosa y los videoclips de bailes sexys, mi “primogénito televisivo” marcó 25 puntos de rating, lo que parece que era bastante, considerando la hora y la competencia del programa. De eso, sin embargo, sólo me enteré a la mañana siguiente de la transmisión, cuando llegué al canal y comencé a recibir las felicitaciones. “¿Felicitaciones de qué?”, pregunté la muy ingenua, creyendo que se habían confundido con la fecha de mi cumpleaños. “¡Marcaste 25! y le ganaste a N.N.”, fue la respuesta. Tambień recibí miradas agrias de otros que parece que nunca habían “marcado 25”. Es uno de mis recuerdos más patentes de mi breve experiencia televisiva.

Pasaron los años y el tipo de preguntas que empezaron a interesarme se hicieron más filosóficas que periodísticas. Sin el ánimo de cambiar una profesión por otra, sino más bien de complementarlas, fui quemando las etapas académicas de rigor: licenciatura y doctorado. Aquí iba a ser diferente, me decía. Adiós mundo superficial de las preguntas superficiales, adiós a la competencia envidiosa y a la evaluación del trabajo propio por una máquina medidora de rating. Tropezón por segunda vez con la piedra de la ingenuidad.

Recién llegada a la academia, veo repetirse los mismos vicios de la televisión con otras formas. Aquí no hay ratings, claro está, pero hay rankings. Y no podría decir que uno es menos siniestro que el otro. Tras pasar las entrevistas de rigor y conseguir un puesto de investigación del cual quejarse sería el mal agradecimiento más grande, rápidamente me he ido familiarizando con los modos y maneras de quienes buscan “marcar 25 o más” (valga la analogía) en el mundo de la producción intelectual.

Mientras en la arena televisiva al menos los competidores eran honestos en cuanto a la persecución de su objetivo (ser los más vistos, los más admirados y, por ende, los favoritos de patrocinadores y empleadores), en la academia se es demasiado pudoroso para reconocer el objetivo abiertamente: mantenerse trabajando en un medio donde hay cada vez menos oferta y más demanda, conseguir un trabajo permanente de aquí hasta la jubilación, ser publicado en oscuras revistas académicas que cinco gatos leen pero que “dan puntos”, y ser citados por otros, porque esto también suma puntos, aunque los otros sólo lo citen a uno para quejarse de los non sequitur argumentativos. De aquí a incurrir en prácticas dudosas, como pedirle a los amigos que lo citen a una en su próximo “paper” a cambio de citarlos de vuelta en el pŕoximo de uno, hay un paso.

“¡Felicitaciones!”, me dijeron varios colegas el otro día en mi nuevo trabajo, pero esta vez ya tenía claro que no era por mi cumpleaños que me saludaban. Ganarse fondos concursables es otra de las hazañas bien consideradas en la maquinaria académica y, tras salir airosa en un primer intento, me había ganado el respeto (o al menos la atención) de mis pares. Esto es, lo tengo claro, sólo un triunfo parcial, al que habrá que irle sumando papers cuyo impacto será medido por métodos que de científicos poco tienen y que ni siquiera son universales: una revista máximamente cotizada en la academia australiana puede serlo sólo moderadamente en la noruega y no contar para nada en la chilena. Para peor, pocas chances hay de sumar puntos si los temas de interés de uno se salen del establishment (léase, por ejemplo, derechos de los animales o filosofía ambiental). En estos casos, las revistas especializadas – a pesar de ser leídas por un público mucho más amplio y de verdad interesado en esos temas – rara vez aparecen en los ranking estelares. Tampoco cuenta para nada ser maestro de vocación. Al contrario, hacer clases se está transformando crecientemente en un castigo, porque no da muchos puntos para el CV y le quita a uno el poco tiempo que tiene para producir más papers, y más papers, y más papers.

No quiero decir con esto que todos quienes hoy viven de la academia no viven también por ella. Hay muchos (quizás la mayoría) que se apasionan con su trabajo y no se verían haciendo otra cosa. Al menos en filosofía, existen los de verdad amantes del saber por saber, más allá de si ese saber les ganará fondos o no. Tampoco quiero decir que toda evaluación externa debiera eliminarse y suprimirse todos los rankings; es obviamente necesario que exista algún criterio de medición. El problema es que este criterio hoy es impuesto por un grupo de técnicos que han ido transformando poco a poco la universidad y el conocimiento en una empresa como cualquier otra; una empresa donde no se toleran las “pérdidas”, y donde las “pérdidas” se miden como todo aquello que no rinde réditos a corto plazo. En otras palabras, se tiene la vara equivocada para la materia (lo que se hace más evidente aún en las ciencias sociales y humanidades). Así como las reglas de la aritmética no sirven para resolver problemas éticos, como bien lo dijo Aristóteles, las de la televisión tampoco sirven para la academia.

¿Qué hacer? Creo que la respuesta depende del tipo de universidad y de conocimiento que queremos desarrollar. Si lo que se quiere es formar profesionales que quizás funcionarán muy bien dentro de sus limitadas parcelas de conocimiento, e irán haciendo progresar a éste dentro de esos mismos limitados márgenes, pues entonces quizás haya que dejarlo todo como está. Al contrario, si lo que se quiere es formar alumnos completos, con una visión integral y no limitada solamente al saber y quehacer de sus profesiones, se necesitan académicos también integrales, que no se vean obligados a ver la utilidad inmediata de sus investigaciones a cada paso que dan. Para seguir este segundo camino, hay que repensar el sistema actual y tener criterio para balancear el peso de las publicaciones versus el peso de las virtudes pedagógicas, el peso de quienes saben hacer proliferar sus ideas en artículos versus el peso de quienes se toman más tiempo para hacerlas cuajar, pero no son por ello menos “productivos”. Midiéndolos a todos con la misma vara, no haremos más que coartar carreras promisorias e inflar otras estratégicamente bien pensadas, pero no necesariamente aportadoras a largo plazo.

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La Ley Finnmark, Patagonia Sin Represas y la redemocratización de los recursos naturales

Finnmark es el nombre de una región en el extremo noreste de Noruega que ocupa un área equivalente a las regiones de Los Lagos o Tarapacá. Es un lugar de extremos, donde el sol brilla a medianoche en verano y se esconde de noviembre a enero, en los meses más crudos del invierno. Es el hogar de 200,000 renos, unos pocos lobos y la aurora boreal – ese espectáculo celeste que atrae a miles de turistas cada año. Es también donde los nativos Sami han vivido por miles de años como pastores nómades, pescadores y cazadores. 40.000 en toda Noruega, la mitad de los Sami viven en Finnmark, donde representan un cuarto de la población.

 Aunque también los hay en Suecia, Finlandia y Rusia, los Sami noruegos son quizás los mejor conocidos, por la especial relación que han logrado forjar con el Estado noruego y su gente. Aunque sin poder legislativo, la creación del Parlamento Sami en 1987 les dio una oportunidad para ser oídxs en la arena política, luego de décadas de relativo abandono. Su reconocimiento en la Constitución en 1988 fue un paso para preservar su cultura, idioma y tradiciones. Pero fue la ratificación de la Ley Finnmark, en 2005, la que marcó un salto cualitativo en término de poder político. ¿Qué es esta ley, cómo se forjó y cómo se relaciona con una Patagonia sin Represas?

La primera en su tipo en el mundo, la Ley Finnmark transfirió el 95 por ciento de esta región desde el Estado noruego a sus habitantes, representados por una agencia a cargo de administrar el uso del agua y la tierra. Compuesta de seis miembros, tres son elegidos por el Parlamento Sami, y tres por el Consejo del Condado de Finnmark (donde hay Samis y no Samis). El líder del directorio es elegido de manera alternada por ambos organismos.

Lo que hace única a la Ley Finnmark es que propone un nuevo camino para la administración de la tierra y los recursos naturales dentro de los Estados, abriendo una tercera categoría entre lo privado y lo público: esto es, lo localmente controlado. Aunque inspirada en gran medida por la necesidad de reconocer las actividades económicas tradicionales de los Sami y su concepto de tenencia de la tierra (donde la propiedad privada está fuera de su mapa conceptual), esta ley debe ser vista ante todo como un instrumento legal que da especial reconocimiento a las demandas territoriales de quienes han transformado su entorno y se han dejado transformar por él – más allá de si son indígenas o no. Claro está que la ley admite mejoras. Dos puntos polémicos son que sólo incluye los recursos renovables – dejando fuera el petróleo y los minerales –, y excluye los derechos de pesca en aguas marinas, seguramente una concesión a la poderosa industria pesquera. Éstos, sin embargo, no están fuera de la discusión, y la posibilidad de que se integren en el futuro no está completamente cerrada.

¿Cómo se forjó la Ley Finnmark? Mi interpretación favorita es que fue el producto final y no intencionado de un largo movimiento de reivindicación de los derechos Sami y, más profundamente, de los derechos de las comunidades locales a tener control real – y no meramente voz – sobre las decisiones que los afectan directamente. Este movimiento fue gatillado por lo que se conoce como la controversia de Alta, un proyecto para construir una represa en el río Alta, en Finnmark, a fines de los ’70. El plan inicial fue rechazado porque implicaba inundar un pequeño pueblo Sami y afectaba sus actividades de pastoreo de renos y pesca de salmón. Unidos a grupos ambientalistas, los Sami presentaron demandas judiciales, organizaron protestas y huelgas de hambre y participaron en actos de desobediencia civil, encadenándose frente al sitio de construcción. La batalla, sin embargo, se perdió, cuando en 1982 la Corte Suprema le dio la razón al gobierno noruego, y la represa fue finalmente construida.

Lo que parece una derrota a primera vista, sin embargo, fue un cimiento para la organización de los Sami como grupo y para su aparición en la agenda política. Pero no sólo eso. Hizo que el gobierno noruego y su gente se abrieran a la posibilidad de que personas con diferentes concepciones de la tierra, el territorio y la propiedad pueden convivir en un mismo país, incluso si esa coexistencia requiere negociaciones por ambos lados y paciencia para el diálogo.

¿Qué tiene que ver esto con la actual oposición al proyecto Hidroaysén en la Patagonia chilena y, más en general, con la oposición al modus operandi habitual del Estado chileno cuando evalúa proyectos de este tipo? Más de lo que aparece a primera vista.

 Quienes conocen nuestra historia de controversias ambientales seguramente señalarán aquí que el punto de comparación obvia con Alta es la oposición de los Pehuenche a la central Ralco (también de Endesa, una de las dos compañías detrás de Hidroaysén). Este proyecto hidroeléctrico fue aprobado en 1998, luego de años de oposición de ambientalistas y comunidades indígenas del Alto Bío-Bío, forzadas a desplazarse. En vez de marcar un antes y después, sin embargo, lxs que se opusieron a Ralco permanecieron ignoradxs por el Estado chileno. Para colmo de males, un Museo Pehuenche fue construido en los alrededores, convirtiendo a la cultura viva que acababa de ser hundida en un ítem histórico.

Es cierto que la controversia de Ralco sirvió tanto a ambientalistas como a grupos indígenas a organizarse, levantar una sola voz y captar la atención de los medios. Pero no sirvió para cambiar los métodos jerárquicos y centralizados del Estado chileno al evaluar megaproyectos que amenazan tener un profundo impacto a corto y largo plazo en las poblaciones locales y el medio ambiente. Usando ese mismo enfoque se aprobó la planta de celulosa Celco en Valdivia, que provocó la muerte (como era predecible) de más de dos mil cisnes de cuello negro; y también Pascua Lama, a pesar de la amenaza de contaminación y escasez de agua para los agricultores del valle del Huasco. Con ese mismo enfoque también se aprobaron las cinco represas del proyecto Hidroaysén, en 2011, generando protestas masivas en la región y en todo Chile. Está por verse lo que sucederá con la segunda parte del proyecto: la línea de transmisión de más de dos mil kilómetros.

Dada la creciente presión sobre recursos naturales cada vez más escasos, las decisiones sobre cómo administrarlos serán cada vez más disputadas. En países ricos en dichos recursos, como Chile y Noruega, esto debería llevar a la decentralización de los procesos de toma de decisión y a una real democratización, donde no sólo participen los sospechosos de siempre. En este sentido, mientras los efectos prácticos de la Ley Finnmark aún están por verse, el ejemplo que pone – donde la comunidades locales tienen mayor poder sobre las decisiones que las afectan – debería ser una inspiración para quienes se oponen a que el Sur (esto es, la Patagonia) se convierta en el motor del Norte (esto es, la poderosa industria minera).

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Los pinos no dejan (ver el) bosque

Aún no se enfrían los ánimos por la aprobación de la controvertida ley de pesca, que renueva por 20 años el control del mar chileno por un puñado oligopólico de empresas, cuando aparece amenazante el proyecto de ley para extender con mínimas modificaciones, también por 20 años, la vigencia del Decreto Ley 701 de “Fomento Forestal”. De aprobarse, advierte la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), el Estado seguirá beneficiando a básicamente tres grandes empresas forestales (Arauco, CMPC y Masisa) en desmedro de lxs pequeñxs y medianxs propietarixs. Además, desde su promulgación en 1974, este decreto ley ha sido clave en la transformación del paisaje del centro y sur de Chile, y todo indica que esta transformación no hará sino profundizarse de aprobarse su extensión.

No hay que ser excesivamente observador para darse cuenta de la monotonía de pinos radiata y eucaliptus globulus en que se han ido transformando las regiones VI a las X bajo la actual ley. Donde antes había bosque nativo, ahora las plantaciones de madera para la obtención de celulosa son la norma. Están bien documentados los males ambientales que estas especies exóticas de rápido crecimiento dejan tras su tala: suelos erosionados y desertificación, pérdida de biodiversidad, napas sedientas, ríos y vertientes alterados en su curso. Los incentivos económicos son tales, sin embargo, que la expansión de los monocultivos no promete detenerse. En Chiloé, por ejemplo, hace una década unas tímidas plantaciones de eucaliptus asomaban a la entrada norte de la isla, tras cruzar el canal de Chacao. Hoy estos árboles nativos australianos – tan inflamables como sedientos – pueden verse todo a lo largo de la carretera hasta llegar a Castro, al corazón de la isla, y todo indica que seguirán hacia el sur. Quizás en 2033 haya que ir al Parque Nacional Chiloé o al Parque Privado Tantauco para ver los nativos mañíos, ulmos y arrayanes. ¿No sería al menos curioso que el actual Presidente del la República diera su apoyo a una ley para incentivar la tala de esas mismas especies que dice proteger en su predio, que lleva por slogan “el lado salvaje de Chiloé”?

Uno de los argumentos esgrimidos para extender el D.L 701, denuncia la AIFBN, es que supuestamente promoverá la recuperación de los suelos erosionados. En los casi 40 años de vigencia de la ley, sin embargo, la tendencia ha sido sustituir el bosque nativo por plantaciones exóticas, lo que va directamente en contra del objetivo propuesto. Nada indica que en los próximos 20 años de vigencia de la ley esta tendencia cambiaría.

En cuanto a los costos sociales y económicos de extender el D.L 701, la AIFBN advierte también que en nada beneficiaría la economía rural local. Al contrario, se seguiría subsidiando a los más grandes en desmedro de lxs pequeñxs y medianxs empresarixs forestales que aún sobreviven. Las comunidades rurales en las zonas de monocultivo forestal son hoy unas de las más pobres del país y la subcontratación de trabajadorxs es el modus operandi predominante. En el caso específico de las comunidades indígenas, existe preocupación pues no ha existido un debido proceso de consulta, acorde a lo exigido por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, vigente en Chile desde 2009.

Durante enero, 23 organizaciones ciudadanas enviaron a la Cámara de Diputados una carta abierta pidiendo rechazar la prolongación de esta ley y encomiándolos a elaborar una nueva ley forestal, que no sólo restablezca el balance social y económico entre los actores del rubro, sino también se enfoque por fin en el manejo sustentable de nuestros bosques, entregue subsidios directos sólo a los pequeñxs y medianxs empresarios e incentive a las grandes empresas a pagar sus impuestos territoriales a nivel local. La misma AIFBN ha propuesto los principales lineamientos que debería incluir dicha iniciativa. Tras pasar de la Comisión de Hacienda a la “sala” el pasado 13 de marzo, lo próximo es ver si lxs diputadxs resolverán legislar o no sobre el proyecto. En año de elecciones, bien harían en lavarse los oídos y atender a las legítimas demandas de quienes se verían directamente afectados de aprobarse.

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Marcando y desmarcando territorios

La demarcación de territorio es uno de los instintos más fuertes que tenemos. Cuando el hijo adolescente da un portazo y le pone llave a su pieza para que nadie se meta, está marcando territorio. Cuando en la micro el compañero de asiento abre rodillas y codos y mira con cara de odio si uno lo roza sin querer, está marcando territorio. Cuando en el evento social la señora le toma el brazo al marido, al pillarlo muy interesado conversando con alguna señorita, está marcando territorio.

En zoología, este concepto está bien estudiado y documentado. El territorio es, en términos generales, el área que un grupo de individuos de la misma especie ocupa y defiende de otros individuos o grupos. Es en el territorio donde encuentran su alimento, se reproducen y se cobijan. Paradójicamente, a pesar de lo fundamental de este concepto en la vida animal y, por ende, humana, poco o nada se lo estudia en filosofía moral y política. En la primera, el espacio geográfico que el individuo habita casi no es tema, sobre todo si se miran teorías tradicionales como la ética de la virtud, el utilitarismo y la deontología. En la segunda, los derechos territoriales sí se estudian de manera sistemática, pero partiendo casi siempre del status quo sin cuestionárselo, e intentando entonces darle una justificación. El status quo es, en este caso, que son los estados los agentes relevantes que poseen derechos territoriales, en representación de las personas que los constituyen. El status quo es también que los estados ocupan casi la totalidad de la superficie terrestre – con excepción de la Antártica y de las aguas internacionales. Luego la pregunta es si se puede dar una justificación moral al derecho de los estados a imponer la ley dentro de sus fronteras ya trazadas. Si la respuesta es positiva, se justifica también que dicho estado controle quién entra y sale y controle además el uso de la tierra y de los recursos naturales, renovables y no renovables, bajo su jurisdicción. Es en este último punto que quiero detenerme, y sugerir que no es obvio ni suficiente derivar del derecho de jurisdicción el derecho al uso y control de la tierra y los recursos naturales en las vastas extensiones que los estados ocupan en la actualidad.

Aunque pueden clasificarse de diferentes maneras, aquí me referiré a dos tipos de teorías, las funcionalistas y las que llamaré “de conexión”. Para lxs partidarixs del funcionalismo, la justificación moral de que el estado tenga el legítimo monopolio de la fuerza física sobre un área geográfica (como lo diría Weber) es que éste cumpla una o más funciones consideradas esenciales: administrar justicia en dicho territorio, garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanxs, etc. Para los teóricos de “conexión”, en tanto, la justificación moral del derecho de jurisdicción del estado se deriva del consentimiento (tácito o expreso) de quienes lo habitan. Individuos, naciones o gentes que viven en un área determinada la transforman material y simbólicamente con el paso del tiempo. Al elegir al estado como su representante, estos individuos o grupos ceden sus derechos “pre-civiles” y, junto con ello, ponen su propiedad al alero de aquél. Mientras se sientan legítimamente representados por el estado, entonces, tendrá éste derecho de jurisdicción sobre aquéllos.

No puedo desarrollar estas posiciones ni sus debilidades in extenso aquí, pero baste para mi objetivo decir que, una vez justificado el derecho de jurisdicción, el paso próximo es justificar el derecho al control y uso de la tierra y los recursos naturales en dicho territorio, como si éste fuera una extensión lógica de aquél. Si se examina el argumento esgrimido por cada bando, sin embargo, queda en evidencia que el primero no lleva necesariamente al segundo y que, si lo hace, lo hace de manera mucho más indeterminada o limitada.

Por un lado, si la legitimidad moral del estado depende de su performance, esto poco o nada dice sobre qué pedazo de tierra y de recursos naturales puede éste ejercer un control legítimo. Desde la mirada funcionalista, entonces, el área geográfica que el estado ocupa y controla queda indeterminada. Claro está que se pueden dar razones instrumentales de por qué los estados controlan extensiones mucho mayores que las que sus habitantes efectivamente ocupan: seguridad estratégica, alimentaria, económica, para las generaciones futuras… Pero si se opta por esta vía, sigue siendo arbitrario el cuánto y el dónde.

Por otro lado, si se mide la legitimidad del estado por ser el representante de quienes viven en un área determinada, es mucho más claro el vínculo entre aquél y el territorio que efectivamente ocupa. Hay, al fin, una conexión entre la tierra y sus habitantes, y éstos y el estado. Como lo ha apuntado ya A. John Simmons, sin embargo,  el problema es que este argumento justifica un control mucho más limitado que el que actualmente ejercen los estados, sobre áreas muchísimo más vastas que las que sus ciudadanxs habitan o “transforman”.

Otras tres razones que tanto funcionalistas como “conectivistas” pueden esgrimir aquí son las siguientes: que la tierra y los recursos naturales son mejor administrados por los estados que si quedan en calidad de res communis, como propiedad de nadie y de todos (véase la sobrepesca y contaminación de las aguas internacionales como botón de ejemplo); que no hay otras alternativas viables para el uso y control de estos recursos; y que, por último, hay que resignarse a la arbitrariedad y muchas veces injusticia del actual reparto territorial. Respecto a lo primero, los contraejemplos son tan numerosos que dejo al lector que elija el que más le guste, pero le doy un par de sugerencias: Paraguay y el Chaco, Kenia y los elefantes, Arabia Saudita y sus reservas de agua subterránea. Respecto a lo segundo, si no es la filosofía política quien propone ideales (que no es lo mismo que utopías) hacia los cuales deberíamos avanzar, entonces ¿quién lo hará? En este sentido, repensar el monopolio de los estados como actores del derecho internacional y plantearse la posibilidad de modelos alternativos es casi un deber. Por último, reconocer que el presente status quo es injusto y darlo por hecho es Realpolitik, pero entonces hay que hacerla explícita y no disfrazarla de nobles intenciones.

En un mundo como el nuestro, donde la población humana va in crescendo y las necesidades básicas y no tan básicas crean como nunca presión sobre el uso de la tierra y los recursos naturales, tener claridad sobre cuáles demandas territoriales son legítimas y cuáles no lo son es urgente. Partir evaluando las del estado mismo y seguir con las de lxs diversos agentes – pueblos indígenas, campesinxs sin tierra, conservacionistas, agroindustriales, etc. – es una tarea por hacerse.

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Esquí para todos, vino para pocos

Me vengo bajando de los esquíes. Después de todo, le hallo sabiduría al dicho de que “donde fueres, haz lo que vieres”, y en las tierras altas escandinavas lo que se ve es mucha gente esquiando. Verdaderas hordas. De lunes a viernes y ni qué decir fines de semana y festivos. Familias completas, desde los abuelitos hasta las guaguas, herméticamente selladas en unas cápsulas-trineo arrastradas por el padre de familia, y escoltados todos por el perro regalón, que generalmente lleva chaqueta de polar y zapatitos para que no se le hielen las almohadillas de los pies.

En Oslo, donde me encuentro, esquiar es más barato que hacer yoga o ir al gimnasio. Más sorprendente aún, en oferta un equipo completo de esquís de cross-country (que son los más populares dada la geografía circundante) cuesta lo mismo que doce botellas de Gato Negro Cabernet Sauvignon, o que cinco de algún vino francés Château Quelque-chose más encopetado. Considerando que los inviernos duran casi la mitad del año (de noviembre a marzo, aproximadamente), la inversión se paga rápido, y la diversión no tiene precio. En Scandi – como le dicen sus hinchas a Escandinavia – se da la paradoja de que un deporte tan elitista como esquiar es lo más democrático del mundo, mientras que una necesidad tan democrática como tomarse una copa de vino está reservada para las élites (o para quienes, como la escribiente, prefieren sacrificar otras cosas con tal de que nunca falte el tinto). Tiendas de esquí hay por montones compitiendo por ofrecer los mejores precios; tienda de vino, en cambio, hay una sola: el Vinmonopolet, abierto en horarios más restringidos que embajada, y cobrando unos impuestos para hacer temblar hasta a quienes se creen socialdemócratas. La escala de valores, definitivamente, es otra, e internalizarla sirve para reflexionar sobre la propia y sacar un par de conclusiones. Aquí van dos.

En primer lugar, si bien es cierto que el clima influye en buena parte sobre las maneras y los hábitos de la gente, no hay que confundir influencia con determinismo. La típica queja puntarenense de que el sedentarismo y la obesidad regional son culpa del clima, por ejemplo, huele a mala excusa tan pronto se compara el estilo de vida propio con el de habitantes de este hemisferio a similar latitud. Oslo es tan frío y oscuro como Punta Arenas en invierno, y peor, pero nadie ocupa el termómetro como fundamento para arrellanarse en el asiento o convertirse en el rey de la sopaipilla. Al revés, hasta en los días de más cruda nevazón anda la gente caminando por las calles, y a los niños se los premia con naranjas en vez de chocolate… lo que a la madre magallánica le da frío de sólo pensarlo. El punto es que el ambiente influye, sí, pero está en cada uno atajar la entropía y no dejarse llevar.

En segundo lugar, es claro el rol de las leyes como formadoras de hábito a corto y mediano plazo, y de cultura a largo plazo… la que a su vez inspira nuevas leyes. Que el esquí y la vida al aire libre sean parte de la vida cotidiana en Noruega se debe en buena parte a los incentivos institucionales para que así sea: entre ellos, que el transporte público llega hasta las pistas mismas y que la ley laboral exige a los empleadores dejar una hora y media semanal para que los empleados practiquen deportes. Que casi no haya borrachos, por otro lado, es también un efecto de las leyes, más que del espíritu abstemio escandinavo. Se puede estar de acuerdo o no con estas medidas (el monopolio estatal del alcohol, por muy bien intencionado que sea, distorsiona los precios; y quizás el fútbol es mejor que el esquí para la salud pública), pero el punto es otro: las normas y regulaciones, o ausencia de ellas, terminan por internalizarse en las conductas cotidianas. Dictar normas y regulaciones que nos encaminen hacia donde queremos ir ya es dar un primer paso hacia esa meta.

No ikearás

Cuando el Dios de Moisés plantó sobre la cumbre del Monte Sinaí sus 10 mandamientos, hubo uno que se le quedó en el tintero. Quizás le rompía la armonía de la decena, y prefirió sacrificar la regla en aras de la estética. Quizás no le dio la importancia que se merecía, incapaz de imaginar que su violación podría traer la ruina de la creación completa. Quizás – y esto me parece lo más plausible – simplemente careció de visión de futuro, y no pronosticó que dicha actividad alguna vez se convertiría en una de las más recurrentes de la humanidad. El Dios de Moisés, en buenas cuentas, no le dio a su rebaño ninguna indicación acerca del comportamiento debido en malls y multitiendas. Y así dejó que lugares como Ikeas, Zaras y demases se transformaran en los nuevos templos donde venerar y gastarse con creces lo ganado con el sudor de la frente.

Tomo el caso de Ikea porque, aunque poco conocida en Chile (hacia donde áun no extiende sus redes), es la tentación perfecta de millones de personas en el mundo entero. A través de ciertas decisiones de consumo, estos millones de personas influyen negativamente en la vida de millones de otras y del medio ambiente, y crean una cultura que va a todas luces en contra de lo recomendado si queremos siquiera acercarnos a una mínima sustentabilidad. Cabe decir aquí que, aunque partí esta columna en tono religioso, no es mi intención condenar a la megacadena sueca de muebles y cosas de hogar como el demonio encubierto, ni mandar al infierno a quienes sucumban a sus productos. Mi preocupación es, más bien, con la manera como ciertos patrones de comportamiento son aceptados y hasta promovidos por la sociedad como inocuos y aparentemente “inocentes” cuando no lo son. Mi precocupación es que si espacios de consumo como Ikea siguen reproduciéndose y validándose por el mundo vamos a explotar más temprano que tarde, y la responsabilidad será de todos nosotros juntos… por tontera culpable.

Vaya una rápida introducción para quienes no tienen familiaridad con la cadena sueca. En Oslo, la capital de Noruega, por ejemplo, Ikea es la tienda más popular por lejos. Como queda en los suburbios de la ciudad, en una gigantesca bodega, y no todo su público objetivo (léase estudiantes, jóvenes profesionales e inmigrantes) tiene auto para llegar, hay buses que salen desde el centro mismo cada hora en dirección a la tienda. Uno puede pasarsse fácilmente el día entero ahí. Hay baños y casino, con comida a precios imposibles de batir. Un café en la ciudad cuesta unos cinco dólares; en Ikea, 20 centavos de dólar; un plato de comida en la ciudad cuesta 12 dólares; en Ikea, seis. Para Carmelas como yo, que nunca habían estado antes en una tienda de éstas, la primera vez es inolvidable. Traspasado el umbral, se llega a una verdadera sala de exhibiciones, donde los diferentes espacios de la casa van recreándose para diferentes gustos. Con lápiz, papel y huincha de medir Ikea en mano (para anotar las futuras compras y chequear que cabrán en la casa) uno va pasando por livings floreados, minimalistas, juveniles y maduros; por baños rústicos y metálicos; por piezas cool, románticas, despojadas y recargadas. Y todo esto con poca chance de volver atrás, ya que todo está diseñado para hacer el tour de comienzo a fin. Dicen que en China, donde la cadena ha sido un éxito, la gente va a dormir la siesta a los dormitorios en muestra. En Oslo no vi nada parecido, aunque los niños sí se entretenían jugando en su sección mientras los padres trataban de decidir con qué muebles renovar (por enésima vez) la casa. Hecho el tour, va uno al próximo piso con la hojita con todos los productos ordenadamente anotados, los saca de las repisas y pasa por la caja. Se puede literalmente armar la casa completa en un día de compras.

Lo peor de todo es que Ikea es insuperablemente barato para lo bonito de su diseño. Éste es el anzuelo que hace tan difícil no caer en sus redes, y que lo convierte en la favorita de quienes arman su casa por primera vez. En los países escandinavos, además, se da la paradoja de que comprar un mueble Ikea nuevo y pagar el flete es más barato que recibir uno gratis de alguien y pagar el flete. Ni modo que sus ventas sean multimillonarias y que Ingvar Kamprad, su dueño, sea el segundo europeo más rico (después de Amancio Ortega, el dueño de Zara, la Ikea de la ropa).

“¿Y cuál es el problema con esto?”, estarán pensando algunos. “¿No es el objetivo del capitalismo precisamente crear competencia para abaratar los precios y hacer que más personas puedan disfrutar de lo que antes sólo podían disfrutar unos pocos?”

El problema no es uno, son varios. Para empezar, Ikea promueve el tipo de cultura que debemos evitar. Si bien es cierto que sus muebles y productos son baratos para lo lindos que aparecen (enfatícese esta última palabra), todos saben en el fondo que son desechables, y es por eso que las páginas web donde la gente regala cosas están repletas de ellos, y nadie los quiere: son casi imposibles de reciclar. Es la cultura de querer tenerlo todo de inmediato, aunque todo sea de mala calidad. Es la cultura de de vivir en una casa como en un estudio de televisión, de “lujo” en cartón piedra. Es la cultura del terror al vacío y de buscar ilusamente la seguridad en los objetos.

Para seguir, Ikea promueve el tipo de desarrollo que debemos evitar; un desarrollo basado en crear y traer más cosas en el mundo de las que ya hay, manteniendo precios bajos para el público a costa de pagar sueldos bajos en países lejanos que no nos importan, y a costa de no traspasar al consumidor final los costos medioambientales de dicha producción. No por nada, Ikea ha estado varias veces en el ojo de la crítica de ONGs verdes y pro derechos laborales. No por nada todo su diseño es sueco y (casi) nada de su producción lo es.

Para terminar, tiendas como ésta descubren uno de los efectos menos deseables de la globalización: la monocultura triunfando por sobre la biodiversidad. Ikea hace que la producción a precios realmente justos (donde se ha pagado un sueldo digno no sólo al creador intelectual, sino que también al ejecutor, y donde se han minimizado los costos ambientales) parezca exorbitantemente cara. Y esto hace, a su vez, que cada vez sean menos quienes pueden competir.

Aunque un mundo entero amoblado de diseño escandinavo puede parecer de sueño, el costo real que tendría hace imperioso mandar: “No ikearás”. Nuestras decisiones de consumo sí hacen una diferencia, aunque nos parezca pequeña y, si elegimos a pesar de todo seguir ikeando (o, a escala local, zareando, ripleyando o “liderando”), deberíamos tener claro al menos que dicha elección nada tiene de inocente ni de inocua.

Esta columna fue publicada originalmente en Lamansaguman

Un día en el Paine

A fines de diciembre visité el Parque Nacional Torres del Paine, en esos tours de día completo diseñados para quienes quieren darse una idea del conjunto porque no tienen tiempo para más, o porque quieren saber dónde volver después, o porque – como en mi caso – no se cansan nunca de visitarlo y aprovechan cada oportunidad que se presente para hacerlo.

En una anterior columna me referí a las nuevas medidas de seguridad implantadas por Conaf, luego del devastador incendio del año pasado, y pude comprobar en terreno qué cosas han cambiado.

Para empezar, el folleto que entrega Conaf a la entrada por fin enfatiza los riesgos de prender fuego en áreas no autorizadas, y prohíbe como primera regla “hacer fuego en cualquier circunstancia”. No se especifica qué tipo de fuegos, sin embargo, lo que da terreno libre para que los fumadores no se den por aludidos y saquen la cajetilla sin pudores. Lo vi con mis propios ojos en el mirador del Salto Grande, lugar donde el viento sopla fuerte y donde todo se quemó el año pasado. En el estacionamiento, es cierto, había un pequeño letrero que decía “no fumar”, pero casi pasaba inadvertido junto a los de no andar en bicicleta o moto por los senderos. No vi guardaparques en el área, aunque la afluencia de turistas ese día era grande. Me habría gustado que los hubiera, para detener al infractor en el acto y cantarle las reglas.

Para seguir, en el sendero del mirador Grey – que es el otro punto fuerte del paseo – me crucé con una visitante que se llevaba muy campante un manojo de chilcos. “¿A dónde va con eso, señora?”, le preguntó nuestro guía. La aludida ni se inmutó. “Si fuera pesado, me dijo el guía, llamaría ahora a los guardaparques para que la pararan a la salida”. Pero no lo hizo, y supuse por su aire resignado que imaginaba que, aunque lo hiciera, la mujer saldría invicta con su botín. Aunque en el folleto de Conaf se estipula claramente que no se puede “alterar, dañar y/o extraer recursos naturales”, parece que ni ella ni un turista que iba detrás suyo, con un pedazo de témpano en los brazos, entendieron las instrucciones. O quizás confiaban en que no habría nadie para pararlos, y después podrían contar la historia como una “gracia”. Los guardaparques en el área penaban por su ausencia.

Aquí dirá Conaf que los más de 80 guardaparques con que cuentan ahora todavía se hacen poco, y que deben priorizar los senderos de trekking, donde es más probable que la gente prenda cocinillas donde no debe, inicie fuegos por negligencia, coma huevos de ñandú o caiquén si los encuentra, y se lleve un mostrario de la flora nativa en la mochila. Y si responden esto, tienen razón. Para un parque de la magnitud del Paine, todavía son pocos los recursos que se han invertido, todavía se ve pobreza, descuido casi, falta de autoridad y de regulación donde debería haberla a cada minuto todos los días. Si algo cambia la actitud de los visitantes es sentir la presencia del personal autorizado, saber que no están solos en la selva y que no pueden hacer lo que se les dé la gana sin sufrir las consecuencias. Para lograr esto se necesitan más recursos y una mejor logística y organización. No pongo en duda que quienes hoy están a cargo del parque hacen lo posible por protegerlo; lo que pongo en duda es si esto es suficiente para resguardar este tesoro natural frente a un número creciente de visitas – visitas que, como los ejemplares descritos arriba, no siempre se comportan a la altura de las circunstancias.